El Gobierno Central a través de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en su Disposición adicional decimosexta, ha establecido lo que denomina “regularización laboral de la actividad desarrollada en los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro”.
Para el cumplimiento de este mandato legal se constituyó en el primer trimestre de 2014 un grupo de trabajo compuesto por miembros del Consejo Superior de Deportes (en representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes) y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social (en representación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social), que ha elaborado el documento denominado “Estudio sobre la actividad desarrollada en los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro”.
Dicho Estudio fue presentado por el CSD a las Comunidades Autónomas en la Conferencia Interterritorial para el Deporte en Madrid, el 30 de julio de 2014.
Técnicamente, la medida contemplada, desarrollada y justificada en el Estudio consiste en “regularizar la relación laboral de los trabajadores de clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro mediante un contrato a tiempo parcial, en los casos que proceda”, con “el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores -entrenadores, monitores, preparadores físicos u otro personal- que no figuren en alta en la Seguridad Social, y por tanto, se ven privados de todo tipo de derechos, tanto laborales como de protección social”. Sólo en casos muy excepcionales y muy justificados se aceptarán los Acuerdos de Voluntariado.
En la práctica se traduce en la novedosa obligación de afiliación a la Seguridad Social,con la correlativa obligación de abonar las correspondientes cotizaciones, tanto por parte de los clubes deportivos de base (en calidad de empresarios), como de sus deportistas, entrenadores, técnicos, masajistas, monitores, preparadores físicos, etc. (en calidad de trabajadores), no sólo en los casos en que la retribución sea igual o superior al salario mínimo interprofesional, sino también, y esto es lo grave e injusto, cuando exista el más mínimo pago,siquiera sea compensatorio (por ejemplo 100 euros/mes), por parte del club a estos últimos. Es decir, se legaliza un nuevo gasto para los clubes de base no profesionales en forma de cotizaciones laborales y sociales para las mermadas arcas de estas asociaciones sin ánimo de lucro, cuya mayoría sobrevive con las aportaciones de los padres de sus jóvenes deportistas y que realizan una encomiable e impagable labor social de interés general, generalmente con el voluntarismo y altruismo de sus miembros y familiares.
El deporte de base cumple una función social y de interés general de primer orden, ya que favorece como ninguna otra actividad el desarrollo saludable e integral de la infancia y la juventud, inculcando valores positivos en la etapa de formación de la personalidad que perdurarán para siempre, como el trabajo en equipo, la solidaridad, la capacidad de sacrificio, de superación, el respeto a las normas y a los demás, etc.
Esa función social de interés general es la clave para entender la realidad y el grave error de considerar relación laboral sujeta al Sistema de la Seguridad Social, lo que histórica, tradicional e internacionalmente es una simple relación de voluntariado basada en el altruismo y el amor al deporte. Es ese voluntariado que trabaja gratis, o en el mejor de los casos, percibe pequeñas cantidades para compensar los gastos -muy inferiores al salario mínimo- el que sostiene, permite y mantiene vivo al deporte de base, imprescindible para la existencia tanto de una juventud sana, como del deporte de élite o profesional.
Evidentemente, esta medida hará que aumente el número de afiliaciones a la Seguridad Social, de cara a una comparativa entre la situación heredada en 2011 en este sentido y la de 2015, que pueda predicarse o publicarse en las campañas electorales, pero igual de evidente será que se estará manipulando la realidad, a la vez que se estará provocando un perjuicio, en muchos casos, irreparable, como puede ser la de la desaparición por imposibilidad de afrontar los nuevos gastos por cuotas a la Seguridad Social, de los clubes deportivos de base que mantienen la ilusión de los niños y jóvenes españoles por la práctica deportiva.
En la actualidad, Andalucía cuenta con 18.000 clubes inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. Por tanto, Andalucía, debido a su volumen de clubes va a ser una de las grandes perjudicadas con la pretendida regularización de clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro, que cumplen una función social y de interés general de primer orden.
El Gobierno español en un intento de cumplir sus objetivos electorales, recaudatorios y presupuestarios ha puesto en marcha durante la legislatura medidas muy perjudiciales en materia de deporte tales como la subida del IVA del 8 al 21% por el uso de las instalaciones deportivas o la imposición de la Licencia deportiva única,con el único objetivo de recentralizar el deporte y dotar de esta manera de mayores recursos a las Federaciones Españolas provocando la desaparición de muchas federaciones deportivas andaluzas.
Medidas a las que suman ahora también las inspecciones laborales a clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro, además del cierre a 31 de Diciembre de Teledeporte (canal temático de deportes de la televisión pública española) y que es en la actualidad el único medio de televisión para poder visualizar deportes minoritarios, y en consecuencia, una esencial fuente de ingresos vía patrocinio que también perderá el deporte de base.
La perversión de la medida regularizadora se encuentra en que invierte la realidad, al tratar como excepcional lo que realmente es normal: la relación altruista entre clubes, deportistas, entrenadores y monitores. Así convierte la histórica e internacionalmente admitida relación de voluntariado (exenta de fiscalidad y cotización laboral) en una forzada relación laboral sometida a las preceptivas cotizaciones sociales y laborales.
En definitiva, se pretende convertir a muchos cientos de miles de voluntarios, que con su práctica deportiva permiten la existencia del deporte base, en ‘mini-jobs‘, con la única intención electoralista de aumentar ilegítimamente los datos de afiliación a la Seguridad Social. Ni siquiera se puede atribuir interés recaudatorio, dada la escasa cuantía a ingresar que supondrá para las abultadas arcas de la S.S., pero que sin embargo resultará mortífera para los escasos recursos de los clubes.
Sirva un ejemplo real: Un entrenador/monitor de un equipo de fútbol recibe de su club 250 euros al mes. A partir de ahora, el club tendrá que gastar otros 100 euros más para pagar su cotización a la Seguridad Social. Esto provoca dos soluciones: Que el club tenga que recortar los 100 euros de lo que le paga al entrenador, o que esos 100 euros se repercutan en los chicos y chicas que hacen deporte, es decir, en sus padres.
O que, excepcionalmente, se admita por la inspección de la S.S. su condición de voluntario debiendo para ello aportar el entrenador facturas por dietas, desplazamientos, etc. y el club verse sometido a un estrictísimo control formal de justificación de dichos gastos, no exento de interpretaciones excesivas en contra.
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