La FOE urge a la Junta a solucionar el problema particular de los chiringuitos de Isla Cristina

A punto de finalizar la temporada estival, desde la FOE se exige a la Administración autonómica a solucionar definitivamente y con carácter urgente la situación de los chiringuitos ubicados en playas que pudieran ser consideradas por la Ley como naturales y sean calificadas como urbanas, protegiendo así a los establecimientos allí instalados. La urgencia viene dada por el hecho de que el reglamento de Costas da un plazo de un año a la Junta de Andalucía para proceder a tal modificación y el mismo finaliza el próximo 12 de octubre, ha recordado la Federación Onubense de Empresarios.

Los empresarios han advertido sobre los perjuicios que tiene para los chiringuitos que se encuentran en las playas consideradas como naturales con respecto a los que se encuentran en las calificadas como urbanas, por cuanto que se les limita su superficie a 70 m2 como máximo (20 para cocina y barra y 50 para terraza), requieren de una concesión administrativa y además se les obliga a que sean desmontables una vez terminada la época estival, algo que hace inviable la gestión empresarial de los mismos.

Desde el pasado mes de abril, la FOE viene trabajando para remediar tal situación y desde esa fecha se han celebrado reuniones primero con la Dirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre del Ministerio, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y posteriormente con la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a fin de poner de relieve la singularidad del litoral onubense con respecto al resto de España y, exigir, por tanto, un tratamiento diferenciado en lo que a la aplicación de la Ley respecta.

Los empresarios confían en que las Administraciones central y autonómica sean sensibles con los concesionarios de los chiringuitos afectados, ubicados principalmente en Punta Umbría e Isla Cristina, y puedan amoldar la normativa a esas características, de forma que no se les obligue a cerrar sus negocios –dejando a los ciudadanos sin servicio- o a hacer cuantiosas inversiones imposibles de amortizar.

Asimismo, se reclama de la Dirección General de Costa se aborde definitivamente el problema del avance del mar en la zona de Isla Canela y no se retrase el plan de actuación anunciado para este mismo mes de septiembre, porque en caso contrario la dinámica del litoral se llevarían a los establecimientos allí ubicados, uno de ellos ha sido incluso sancionado por colocar una escollera de sacos para salvarse de la voracidad del mar que previamente fue autorizada por el anterior alcalde de Ayamonte.