Bernardino Díaz (87 años), marinero jubilado y diagnosticado de alzheimer en avanzado estado, y Carmen Marrufo (84 años) ama de casa y con una fuerte demencia senil. Ambos están a punto de tener que abandonar de forma forzosa su casa, la única que tienen y la que Bernardino pudo comprar hace ya muchos años a base de duro trabajo, por una deuda contraída con un banco.
Lo más cruel, sobre todo teniendo en cuenta su particular situación de salud, es que todo se ha debido al "engaño", aparentemente premeditado, de uno de sus hijos, de quien Carmen tampoco para de repetir que le pagó "todos los estudios para que se convirtiese en patrón de cabotaje".
Según relata a Huelva Información Manoli Díaz Marrufo (59 años), una de las dos hijas del matrimonio de octogenarios (los otros cuatro hermanos son varones), todo comenzó cuando uno de sus hermanos llegó en 2006 acompañado de un notario a casa de sus padres, que ya se encontraban en las fases iniciales de sus enfermedades, a los que solicitaron la escritura de su vivienda y sus documentos nacionales de identidad, pidiéndoles que firmaran unos papeles. "Ni mis padres, que son prácticamente analfabetos y que además confiaron en su propio hijo, ni ninguno de los otros cinco hermanos, porque no se nos dijo nada ya que lo hizo por su cuenta y riesgo, teníamos ni idea de lo que habían firmado mis padres", dice Manoli.
No le prestaron mayor importancia al asunto hasta que, un par de años más tarde, "a mi hermano, por cuestiones personales, le quitaron un barco que, como después hemos sabido compró gracias a un préstamo de 300.000 euros que pidió al banco, y que mis padres, sin saberlo, habían avalado con su propia casa al firmar dichos documentos dos años antes. A partir de ahí -prosigue Manoli- comenzaron los problemas". Y es que a partir de 2008, todos los meses comenzaron a llegar a la casa de los afectados dos cartas de la antigua Caja de Granada (actualmente Banco Mare Nostrum), una a nombre de Bernardino y otra a nombre de Carmen, "reclamando una deuda de la que nadie en casa sabía nada. Yo se lo decía a mi hermano y él siempre me contestaba que no me preocupara, que ya estaba todo solucionado, y que el banco se había quedado con su barco y con la deuda, por lo que yo me lo creía" relata Manoli.
Pasó un año más y, después de dejar de recibir esas cartas durante varios meses, llegó la sorpresa. Fue el pasado mes de mayo de este mismo año fue una citación con carácter urgente para que Bernardino y Carmen se personaran en el Juzgado de Paz de Isla Cristina. "Fui yo con mi hermana debido a la enfermedad de nuestro padre -relata Manoli- y nos mandaron directamente a los juzgados de Ayamonte, donde para nuestra sorpresa nos trasladaron una orden de desahucio en la que se le daba a mis padres tan solo 10 días de plazo para abandonar su casa por una deuda de 46.000 euros, más otros 17.000 euros de intereses de demora".
Dada la situación, a Manoli y a su hermana (del resto de hermanos asegura no querer ni hablar) les fue asignado un abogado de oficio que logró paralizar proceso hasta que el pasado miércoles, 28 de octubre, se celebró el juicio ante la denuncia de la entidad financiera. Durante la comparecencia, el Banco Mare Nostrum no aceptó la propuesta de esta familia isleña, que pasaba por que la entidad financiera se quedara con la casa, pero que permitiera que siguieran viviendo en ella Bernardino y Carmen, en base a un alquiler social, hasta el momento en que fallecieran. "Pero el banco solo quiere el dinero o quedarse con la casa", insiste Manoli.
Ahora todo está pendiente de que la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Huelva, con quien asegura haber hablado ayer mismo, les facilite a sus padres dos plazas en la residencia de mayores de Isla Cristina. "Me han asegurado que el martes inician las gestiones para ello, pero si finalmente el asunto no se soluciona y mis padre son pueden ingresar en la residencia, de aquí no nos mueve nadie, venga quien venga a echarnos" asegura tajantemente.
"No tienen otro sitio a donde ir ya que mi padre cobra 700 euros de pensión y una plaza privada de residencia cuesta en torno a 1.800 euros por persona", se lamenta Manoli. Sus padres reciben además 270 euros mensuales en base a la Ley de Dependencia, de los cuales pagan al mes 269 euros al centro que una asociación de familiares y afectados de alzheimer gestiona en Isla Cristina en el que Bernardino y Carmen son atendidos tres horas al día.
En definitiva, una situación "injusta", porque un hijo no puede tratar a sus padres "como a perros".
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