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miércoles, 17 de febrero de 2016

La depuradora de la Junta en Isla Cristina afectada por el procedimiento sancionador de la UE está ya en ejecución

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha destacado en el Parlamento andaluz que de las nueve aglomeraciones urbanas andaluzas afectadas por la sanción que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó en 2011 al Reino de España por no cumplir sus obligaciones en materia de depuración de aguas residuales, todas las que son de responsabilidad de la Junta de Andalucía están en ejecución y próximas a su finalización —en Alhaurín el Grande, Chipiona y Coín, Isla Cristina y Tarifa, en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga.

Del resto, declaradas de Interés General del Estado y por tanto de competencia del Gobierno central, dos están sin iniciar —Barbate y Matalascañas, en Cádiz y Huelva—, una está finalizada y en breve se pondrá en marcha (Estepona, en Málaga) y otra comenzará a funcionar previsiblemente este mes de junio (Nerja, también en Málaga).

En un principio eran 13 las aglomeraciones urbanas andaluzas que incumplían esta directiva —38 en toda España—, pero gracias a las inversiones realizadas han podido ser excluidas de este procedimiento —Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Torrox-Costa y Vejer de la Frontera—.

Durante una comparecencia a petición del Grupo de Podemos, el consejero ha recordado que, junto a este expediente sancionador, la Unión Europea tiene abierto otros dos contra el Reino de España en materia de aguas, así como una investigación, la conocida como Proyecto Piloto, que podría derivar en otro procedimiento.

En esta línea, Fiscal ha subrayado que respecto a la demanda presentada por el Tribunal de Justicia europeo sobre depuración en zonas sensibles la única depuradora de aguas residuales situada en territorio andaluz afectada es la de Bollullos Par del Condado (Huelva), responsabilidad de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de la que la Junta está haciendo el seguimiento desde febrero de 2015.

Respecto al sancionador relativo a la depuración en pequeñas aglomeraciones, el consejero ha señalado que este trámite se encuentra en fase de dictamen motivado, previa a la interposición de una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En este expediente hay 222 aglomeraciones urbanas incluidas, de las cuales 70 podrían quedar fuera del mismo por tener posiblemente menos de 2.000 habitantes equivalentes. Ocho de ellas son competencia del la Administración General de Estado.

En relación con el Proyecto Piloto sobre depuración en zonas sensibles, zonas normales y Medio Andarax, Fiscal ha explicado que en él se incluyen 23 aglomeraciones urbanas andaluzas en zonas sensibles, 24 en zonas normales y una petición de información relativa a la depuración en el Bajo Andarax. Aquí la UE solicita información sobre la Aglomeración Urbana Medio Andarax, tras "los presuntos daños en los colectores de los asentamientos de Rágol, Instinción, Íllar, Bentarique y Huécija, debido a episodios de fuertes lluvias que motivarían el vertido sin tratamiento de sus aguas residuales en el río Andarax".

Dicha información ha sido ya facilitada precisando los daños en los colectores y su solución. Por último, José Fiscal ha aclarado que para determinar los tratamientos a los que deben someterse las aguas residuales antes de su vertido hay que tener en cuenta las características del emplazamiento donde se producen.

En este sentido, la Directiva la UE en esta materia establece que los Estados miembros velarán para que las aguas residuales urbanas antes de verterse tengan un tratamiento secundario o un proceso equivalente en una serie de plazos. Así, hasta el 31 de diciembre de 2000 es para todos los vertidos que procedan de aglomeraciones que representen más de 15.000 habitantes; hasta el 31 de diciembre de 2005, para todos los vertidos que procedan de aglomeraciones que representen entre 10.000 y 15.000: y, a más tardar, el 31 de diciembre de 2005 para los vertidos de aguas dulces o estuarios que procedan de aglomeraciones que representen entre 2.000 y 10.000 habitantes.

Frente a todo ello, la diputada de Podemos Mercedes Barranco ha incidido en que "se puede hacer una gestión muchísimo mejor de la que se está haciendo" y, respecto al canon de financiación de infraestructuras hidráulicas, ha señalado que "la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se está invirtiendo su dinero". "Andalucía es una de las comunidades que no está haciendo los deberes", ha recordado, recalcado asimismo que los ayuntamientos "no hacen sus deberes ni cumplen con la normativa". Europa Press

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