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domingo, 6 de septiembre de 2015

Guerra de cifras con ERE a la vista en Isla Cristina

Dani Gómez

El cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Isla Cristina ha traído consigo una guerra de cifras en torno a la deuda municipal. Mientras los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas revelan que el 31 de diciembre de 2014 la deuda viva del Ayuntamiento (la cantidad adeudada a los bancos) era de 14,9 millones de euros, a lo cual se aferran los dos partidos antes en el gobierno y ahora en la oposición (PSOE y PA), el nuevo equipo de Gobierno tripartito (PIF-PP-CxI) ha puesto sobre la mesa una cuantía mucho mayor al anunciar una "deuda real" de 40 millones. Otro dato es objeto de preocupación y disputa en Isla Cristina: el número de trabajadores que se verán afectados por el expediente de regulación de empleo anunciado por el equipo de gobierno, que no lo ha cuantificado.

La situación de las arcas municipales ha obligado al Ayuntamiento a solicitar su adhesión al Fondo de Ordenación de las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, puesto en marcha para los municipios que están en riesgo por situación financiera negativa. Todo ello supondrá una revisión del plan de ajuste con las condiciones adicionales que se exigen, y que desembocarán, según ha anunciado el propio equipo de Gobierno, en la adopción de medidas "serias y muy duras a primeros de 2016" en el capítulo uno (personal).

Fue la propia alcaldesa, la independiente Antonia Grao, la que habló abiertamente en una rueda de prensa de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), el cual está "previsto en pocos meses" y que se aplicará a aquellos trabajadores que no tengan plaza, aunque "será bien estudiado y aplicado según la ley. Habrá que ir departamento por departamento para ver cómo funcionan y si hay más trabajadores de los necesarios. Lo miraremos de forma legal y no será un ERE a dedo". Igualmente señaló que "tendremos que sentarnos con los sindicatos para iniciar el proceso de regularización de una plantilla engordada los últimos años". Sin embargo, el equipo de gobierno aún no ha cifrado el número de trabajadores que se verán afectados por ese expediente y tampoco ha contestado a los requerimientos de este diario en ese sentido.

Sí ha hecho un cálculo el partido anteriormente en la Alcaldía, el PSOE, que cuantificó 70 u 80 los empleados que tendrán que salir para cumplir el 5% de reducción del gasto en el capítulo 1 a la que obligará la adhesión al fondo. El portavoz municipal de esta formación, Pedro Pascual, señaló además que la revisión del plan de ajuste "conllevará previsiblemente subidas de tasas e impuestos municipales, como el de Bienes Inmuebles (IBI), los cuales solo podrán ser modificados al alza y nunca suprimidos o bajados, como prometieron, para que el primer año se pague con ellos el 50% de los servicios municipales, el segundo el 75%, y a partir del tercero el 100%". "Pensamos que son medidas muy duras y de muy difícil consecución" añadió.

En la línea del anterior, el portavoz del Partido Andalucista, Francisco Zamudio, sin adelantar cifras concretas, recordó que cuando gobernaba el PA (junto con el PSOE) "el plan de ajuste también nos obligó a recortar en el capítulo uno, y redujimos en 200.000 euros el gasto anual sin despidos porque se pueden adoptar otras medidas negociadas con los trabajadores". En este sentido lamentó que "van a optar por la vía más fácil, contradiciéndose los partidos que ahora integran el tripartito con la postura que contra cualquier despido mantenían cuando estaban en la oposición". "Desde el PA vamos a exigir que no haya ni un solo despido" aseguró.

En lo que sí coinciden todas las partes es en afirmar que la revisión del plan de ajuste va a permitir "cierto respiro" al Ayuntamiento a la hora de obtener una mayor liquidez para hacer frente a sus obligaciones de pago. El Real Decreto de 26 de diciembre de 2014, que regula la medida, posibilita aplazar el pago de los préstamos que el Ayuntamiento tiene contraídos, así como una rebaja del tipo de interés en más de 1,5 puntos.

Un respiro muy necesario según la evaluación de la situación económica municipal realizada por el nuevo equipo de gobierno. Según expuso la regidora, el Ayuntamiento tiene unos gastos fijos anuales de 15.889.009,97 euros y unos ingresos de 12.942.000 euros, por lo que hay un déficit de 2.947.009,97 euros cada año. Un déficit que incrementará la abultada deuda municipal, de 40 millones, insiste Grao, incluyendo en ella la deuda de la Empresa Municipal que hace ocho años "era solvente, con superávit, sin deuda alguna y con los terrenos libres de carga", mientras que éstos "están ahora hipotecados" y se ha procedido al disolución de la sociedad. Además, lamentaba el equipo de gobierno, "junto al pago de los continuos y repetidos préstamos realizados a entidades privadas y públicas, y a los reiterados anticipos pedidos a diferentes administraciones públicas en la legislatura anterior, este Ayuntamiento se ve obligado a devolver el importe de dos subvenciones, una concedida para la construcción del nuevo Ayuntamiento y otra otorgada a los Servicios Sociales para personas en riesgos de exclusión social que no han sido justificadas".

Tanto PSOE como PA coinciden en tachar de "irreal" la deuda municipal anunciada por el tripartito, y se aferran a los datos del Ministerio (15 millones). Según indicó el portavoz socialista, "incluyen los suelos hipotecados, lo cual se está pagando y solo pasaría a ser deuda en el momento que dejasen de abonarse las cuotas. Estos conceptos no suelen computarse como deuda". "Lo único que a nuestro juicio podría sumarse a los 15 millones sería los ocho millones de la liquidación de la Empresa Municipal, cuya deuda pasa al Ayuntamiento (sumando 23 millones), aunque con matices porque se irían añadiendo 800.000 euros al año hasta completar los ocho". Finalmente señala que "a pesar de ello, con 23 millones estaríamos aún muy por debajo de otras localidades del entorno como Ayamonte (38 millones) o Lepe (31 millones)".

Francisco Zamudio asegura que el tripartito ha sumado a la deuda viva "todos los compromisos adquiridos, entre ellos los convenios urbanísticos que, por cierto, fueron apoyados al PSOE de María Luisa Faneca por la actual alcaldesa y por su segunda teniente de alcalde, Montserrat Márquez (CxI) cuando era hasta pocos meses antes de las elecciones responsable de Economía del Ayuntamiento como concejala del PSOE".

Igualmente pone en entredicho que se sume a la deuda los ocho millones de la liquidación de la Empresa Municipal, ya que según sus palabras "se está mintiendo a los ciudadanos con unas cifras que, al menos, habría que explicar y matizar".

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